Al grito de Justicia

Por Florencia Beloso

En julio de 2007 la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) halló dos informes de organismos de inteligencia oficiales. Uno de ellos, provenientes de la Triple Frontera mostraba el funcionamiento del espionaje y de la recolección ilegal de información en la zona, estando ésta prohibida por leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, lo que suponía una "grave violación constitucional". El documento estaba dirigido a la Unidad Fiscal de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFIDRO) y provenía del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) en la Triple Frontera , que depende de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según los abogados de la LADH , Graciela Rosemblum y José Ernesto Schulman ,la información encontrada anticipaba acciones ilegales de las fuerzas de seguridad, en coincidencia con la ley antiterrorista, aprobada por la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos, violando la normativa legal y constitucional vigente en la República Argentina.
El informe procedente de la Triple Frontera explicaba, detalladamente, las modalidades de “secuestros” en esa zona desde 2001, realizados por delincuentes brasileños, paraguayos, argentinos, vinculados con el narcotráfico y además, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile. En el informe se definía a Patria Libre, como una "organización política marxista revolucionaria que lucha por la liberación nacional y el socialismo" y se mencionaba a sus dirigentes Juan Arrom y Anuncio Martí, refugiados aún en Brasil, quienes fueron acusados, sin pruebas también, en 2001, por el secuestro de María Edith de Bernardi, esposa de un empresario paraguayo.
El 22 de septiembre de 2004 fue secuestrada Cecilia Cubas Grau, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (15 de agosto de 1998 a 29 de marzo de 1999) poco antes de llegar a su casa en la ciudad de San Lorenzo a unos 12 kilómetros de la capital, Asunción. Raúl Cubas fue obligado a dejar el poder y exiliarse en Brasil por cuatro años tras haber sido derrocado en medio de una crisis política, generada por la supuesta muerte en un atentado del vicepresidente Luis Argaña, enemigo político de Cubas y Lino Oviedo.
Seis campesinos, paraguayos, militantes del movimiento de izquierda Patria Libre de Paraguay fueron acusados sin pruebas del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas. Por entonces, tras una “parodia de juicio”, un juez paraguayo los dejó libre en Asunción. La Justicia de primera instancia en ese país había rechazado, reiteradamente, los pedidos de procesamiento y se había negado a encarcelarlos.
La embajada de Estados Unidos en Asunción alentaba la hipótesis e invitaba a los países del sur para avanzar en acuerdos antiterroristas. En esos momentos, el ministro del Interior de Paraguay, Nelson Mora, el jefe policial Carlos Zelaya y el fiscal general, Oscar Latorre, denunciaban la responsabilidad de los militantes del Partido Patria Libre y afirmaban que esta organización había sido entrenada por las FARC.
Los acusados no fueron encarcelados en Paraguay pero como la persecución continuó, estos hombres llegaron a la Argentina y gestionaron su refugio ya que el embajador de ese país en Paraguay Rafael Roma, les había asegurado que en Buenos Aires les darían asilo político. Fue entonces cuando gestionaban el asilo en el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), que la Cámara de Apelaciones en Paraguay decidió cambiar la carátula y dictar la prisión preventiva, ignorando las decisiones del juez de instrucción Pedro Mayor Mercado. Finalmente, los campesinos paraguayos fueron detenidos.
Agustín Acosta, Roque Rodríguez Simeón Bordón, Gustavo Lezcano, Arístides Vera y Basiliano Cardozo están presos en el penal de Marcos Paz desde 2006. El 15 de agosto, día de la asunción de Fernando Lugo en Paraguay, los campesinos decidieron declararse en huelga de hambre por tiempo indefinido exigiendo, el refugio político. Mientras tanto, en la Argentina y según opinan abogados del LAPDH “lo que más causa sorpresa es el dictamen desfavorable al pedido de refugio por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ” y agregaron que no sería sorpresa viniendo del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, por entonces, Ministro del Interior.
En un último comunicado dado a conocer por estos días y con más de 3 semanas en ayuno los presos paraguayos dijeron: “Reiteramos en esta nota, nuestro pedido al Gobierno Argentino de Libertad y Refugio Político a pesar de que se busca por todos los medios ocultarnos, somos una realidad dolorosa que eleva ante el mundo, un grito, pidiendo justicia”.