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Por Gustavo Torres González
Promocionar ventajas y esconder riesgos
Sojización del campo paraguayo
Una actividad degradante
Stevia en la mira
A partir de los impactos medioambientales, económicos y sociales ya no se discute la responsabilidad de los agronegocios en la destrucción de los suelos, así como su ingerencia negativa en la biodiversidad con la masiva deforestación, la contaminación de arroyos, ríos y acuíferos y su cuota de responsabilidad en la exclusión campesino-indígena de la cadena de producción agropecuaria, acompañada de la expoliación del patrimonio natural y cultural de gran parte de la población rural. En este contexto, la agricultura como estructura familiar campesina (práctica que durante siglos garantizó de manera natural la alimentación de nuestros pueblos) está amenazada por un reducido grupo de corporaciones multinacionales que pasa a tener control sobre los recursos naturales tales como el suelo, el agua y la biodiversidad, recursos indispensables para que los países desarrollados garanticen su victoria en la llamada “guerra de los alimentos”. Este modelo alienta la expulsión de un sinnúmero de pequeños agricultores de sus tierras y al ser sus intereses opuestos a la soberanía alimentaria de los pueblos latinoamericanos, constituye una verdadera amenaza para Latinoamérica y otras partes del planeta, como el continente africano, por ejemplo. La base de este modelo productivo la encontramos organismos modificados genéticamente (OGM) más conocidos como transgénicos. Los OGM son variedades vegetales o animales creadas artificialmente en laboratorios cuya característica es la introducción de genes de otras especies para crear organismos nuevos. El principal potencial futuro que ofrece la manipulación genética es el lucro, por eso el negocio de los transgénicos pasó a manos de las compañías transnacionales de la biotecnología que dominan los mercados mundiales de semillas y agroquímicos (como glifosato, herbicida usado para eliminar plantas no deseadas). Actualmente, sólo ocho de esas compañías acaparan el mercado mundial de semillas transgénicas, agrotóxicos y el comercio mundial de cereales: Monsanto (EEUU), Cargill (EEUU), Archer Daniel Midlan (ADM) (EEUU), Bunge (EEUU), Dupont (EEUU), Syngenta (Suiza), Bayer (Alemania), Dreyfus (Francia).
La opinión pública es manipulada con un bombardeos de informaciones incompletas o adulteradas a través de los medios de comunicación o mediante promociones de las propias corporaciones que pretenden instalar los OGM como un avance de la bioingeniería que resolverá la penuria habitual de los agricultores, acosados por los bajos rendimientos y los altos costos o para aumentar la producción de alimentos y así contribuir a reducir el hambre en el mundo. Pero de lo que no se habla es de los riesgos que pudieran acarrear su uso para la salud y el impacto en el ambiente. Por ejemplo, el peligro de los cultivos transgénicos a campo abierto ya es algo innegable debido al intercambio de polen entre plantas transgénicas y orgánicas o silvestres. Antecedentes recientes, como el caso del agricultor canadiense Percy Schmeiser, los demuestran. La poderosa empresa de biotecnología Monsanto, líder en el desarrollo de alimentos genéticamente modificados, acusó a fines de 1997 a Schmeiser de violación de patente de semillas de canola que la multinacional desarrolló para que las mismas fueran inmunes al Roundup (nombre comercial del glifosato de Monsanto). La realidad es que este productor ha estado sembrando canola por más de 40 años desarrollando sus propias variedades de semillas. Durante el juicio en el Tribunal Federal canadiense (que culminó en 2008), Schmeiser pudo demostrar que sus cultivos fueron sembrados con reservas de semillas de su propia cosecha y que cualquier Roundup Ready (semilla tolerante a la acción del glifosato) que pudiera crecer en su tierra se diseminaba como consecuencia del viento o de los camiones graneleros que circulaban en las carreteras adyacentes a sus campos. Estas pruebas fueron confirmadas por científicos independientes de la Universidad de Manitoba, en la provincia de Winnipeg, Canadá. De acuerdo con la ley de patentes de Canadá, Estados Unidos y otros tantos países industrializados, es ilícito que los agricultores reutilicen semillas patentadas, aunque provengan de su propia cosecha, o que cultiven semillas transgénicas de Monsanto sin obtener primero una licencia de uso. Actualmente, casi tres cuartas partes de la cosecha de plantas genéticamente manipuladas cosechadas en el mundo proceden de los laboratorios de Monsanto. Con su expansión, esta compañía busca obtener la hegemonía absoluta sobre toda la cadena alimentaria desde los sembradíos hasta el plato del consumidor. Según el último informe de la ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications), donde se indica el incremento del uso de transgénico agrícola, se señala que América Latina ocupa cerca del 35 por ciento del área mundial sembrada con transgénicos en el 2009, con un total de 46,8 millones de hectáreas, concentrados en soja, maíz y algodón. Según la ISAAA, en 2009, “14 millones de agricultores plantaron 134 millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos en 25 países, mayor a los 13,3 millones de agricultores y 125 millones de hectáreas del 2008”. En la región del Mercosur, Brasil, segundo a nivel mundial (el ranking lidera EEUU con 64 millones de hectáreas sembradas) sembró el año pasado 21,4 millones de hectáreas con semillas transgénicas, de las cuales 16,2 millones correspondió a la soja, superando por 100.000 hectáreas a Argentina. Entretanto, Paraguay, con 2,2 millones de hectáreas cultivada con soja modificada genéticamente se ubicó séptimo a nivel mundial y tercero en Latinoamérica, detrás de Argentina y Brasil. Paraguay es el país que tiene el mayor porcentaje de superficie agropecuaria cultivada con soja en Sudamérica, ubicándose como el cuarto exportador mundial de soja y el sexto productor del mundo.
Sojización del campo paraguayo
Con el inicio de la “revolución verde”, prácticas agrícolas basadas en la utilización de agroquímicos y su mecanización, el campo paraguayo fue forzado para desarrollar el modelo de agricultura a gran escala (agroexportador) a partir de la década de 1960. En esta etapa, las multinacionales de la agroalimentación empiezan a tener control sobre los recursos y una ocupación territorial silenciosa, de la mano de esta silenciosa invasión está la desaparición de millones de hectáreas de bosques nativos (sólo entre 1985 y 1991 se deforestaron más de 2 millones de hectáreas). Según la Secretaría de Medio Ambiente (SEAM), este ritmo de desmontes amenaza a especies florales nativas como Palmito Arary o Guanandi, Kuri´y o Pino Paraná, Trébol o Yvyra Piriri Guasu, Arary o Guanandi. Los agrobusiness (agronegocios) en el Paraguay se fortalecieron a partir de la extensión agrícola sojera, cuyos productores en su mayoría son de origen brasileño, poniendo en peligro no sólo la soberanía alimentaria sino la soberanía territorial porque este grupo inmigrante comenzó a instalarse, a comienzo de los años 1970, en las fértiles tierras fronterizas atraídos por el bajo precio y las facilidades otorgadas por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), dentro de un nuevo giro geoestratégico favorable a Brasil. Así, esta expansión de la agricultura empresarial facilitó el aumento del monocultivo de la soja que llegó a casi un millón de hectáreas entre 1999 y 2004, y en el período agrícola 2007-2008 a más de 2,6 millones de hectáreas (más del 5% del área total del país y 61% del área agrícola) en ocho departamentos de la región Oriental del país Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, Amambay, Concepción. De acuerdo con los datos del gremio de productores sojeros denominados Unión de Gremios de la Producción (UGP), el área de cosecha de la oleaginosa durante la temporada 2008-2009 fue de 2,75 millones de hectáreas, 150 mil hectáreas más que el anterior año agrícola, a pesar de factores externos, como la prolongada sequía y la férrea oposición de los sindicatos campesinos. Los principales productos agropecuarios que el país exporta son cereales: soja, en primer lugar; maíz, trigo y girasol, en menor proporción; y carne, seguida de fibras de algodón. Lo paradójico de la agroganadería paraguaya es que la producción obtenida no se destina al abastecimiento del mercado nacional, por lo que los alimentos que se consumen internamente son importados y comercializados a precios exorbitantes. Sin embargo, cuando los campesinos comercializan sus productos alimentarios, son comprados a precios irrisorios por los acopiadores. Si bien no se puede tomar como un modelo efectivo de comercialización, conviene recordar que durante décadas el país tuvo al menos una estructura mínima que organizaba la exportación de insumos y en cierto sentido el mercado interno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería o acopiadores locales (pequeños y medianos comerciantes). Este tipo de comercialización terminó su ciclo a mediados de la década de 1990, cuando se instalaron por completo las empresas multinacionales para proveer los insumos técnicos ligados a las semillas transgénicas: agrotóxicos y maquinarias, práctica agrícola directamente relacionada con los productores mecanizados tipo farmer.
Las compañías más importantes que operan actualmente en Paraguay (que se mencionan más arriba), las que intervienen en todo el proceso: desde la provisión de insumos, acopio, almacenamiento (silos), transportes fluvial y terrestre y la exportación a los mercados internacionales. El destino final de las exportaciones de soja (realizadas por las trasnacionales que operan en Paraguay) son los mercados europeos y chinos (a pesar de no existir una relación diplomática con China, las grandes transnacionales se las ingenian, a través de terceros países a que sí exista una relación comercial). Esta soja es utilizada principalmente para la alimentación de ganados. Pero la tendencia del aumento de sembradíos de las oleaginosas en Paraguay, a través de las corporaciones y su exportación apuntalan a la producción de biocombustibles agrícolas.
El negocio sojero está lejos de tener un criterio de equidad y justicia tributaria. El monocultivo extensivo de soja, además de expulsar a campesinos nativos de sus tierras y de atentar contra la seguridad alimentaria, tiene un aporte tributario ínfimo, sólo pagan un aporte anual sobre sus actividades agropecuarias (impuesto inmobiliario). No pagan el derecho a exportación e incluso la empresa estatal Petropar los subsidia con combustibles. En este contexto, el modelo de agricultura mecanizada divide a sectores económicos aglutinados dentro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) de las organizaciones campesinas, indígenas y algunas ONG ambientalistas.
El despoblamiento rural en los departamentos de mayor concentración de cereales (Itapúa, Alto Paraná, Canindeyu y Caaguazú) ocurre como consecuencia de la compra directa y el arrendamiento para el cultivo de soja, que a la larga genera la venta forzada debido al empobrecimiento de los suelos.
La contaminación ambiental es otro de los factores, porque debido al uso de agrotóxicos, las familias o comunidades campesinas que se encuentran rodeadas de las grandes plantaciones utilizan como última salida la venta de sus minifundios (más de 24 millones de litros de agrotóxicos al año se emplean en el cultivo de soja según la Asociación de ONGs del Paraguay). Además de los campesinos, el sector más vulnerable en la patria sojera son los indígenas, siendo embestidos de varias formas: desmontes (desaparición de frutas y animales silvestres), uso de agrotóxicos, contaminación de aire, arroyos, nacientes y manantiales, pérdida de la medicina tradicional por contaminación, desaparición de las abejas para la producción de miel e intoxicaciones masivas. En este aspecto conviene mencionar los recientes casos de muertes indígenas de la parcialidad Mbya Guaraní debido a que fueron expuestos a la contaminación por exposición a agrotóxicos, en el distrito de Abai, departamento de Caazapá. En noviembre pasado, una comunidad de Avá Guaraní fue alcanzada por rociado aéreo con agroquímico durante la pulverización de un latifundio sojero en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. El incumplimiento de leyes medioambientales y la falta de una legislación más severa contra el uso de agrotóxicos están provocando una verdadera guerra química contra las comunidades indígenas y campesinas. El empleo masivo de glifosato está provocando muertes de niños, malformaciones en recién nacidos además del deterioro medioambiental. Para el sociólogo y director de la organización BaseIS, Tomás Palau, Paraguay está siendo literalmente invadido por la soja, y sus consecuencias sociales y sanitarias no tienen precedentes. “La pulverización con herbicidas desde el aire está intoxicando a las comunidades aledañas a los campos de soja, obligando a los campesinos a dejar sus parcelas, que luego son compradas a precios irrisorios por los empresarios agrícolas”, asevera Palau. En la última semana de febrero, un juzgado asunceño rechazó un amparo promovido por Monsanto Paraguay contra una determinación de la Secretaría de Medio Ambiente (SEAM), que exigía estudios de impacto ambiental a la compañía para poder seguir desarrollando maíz transgénico en sus campos de experimentación. Esta acción, de por sí, es esperanzadora, teniendo en cuenta que primó la conciencia de una jueza ante el poderío económico y el respaldo político con los que cuenta esta multinacional en el país.
Stevia en la mira
La tendencia mundial hacia el consumo de endulzantes naturales no calóricos, por los efectos adversos de la sacarina y el aspartato en los alimentos que se consumen diariamente, lanzó a una ascendente carrera comercial a la Stevia (una planta que crece en estado natural en el noreste de la región Oriental del Paraguay, cuya hoja es 30 veces más dulce que el azúcar de caña y su extracto unas 200 veces más, y conserva todas las características de los edulcorantes dietéticos. Sus procesos de extracción garantizan que es totalmente inocua y sin contraindicaciones). Los principios activos de las cualidades medicinales y alimentarias del Ka’a He’ë (expresión guaraní que significa yerba dulce) o Stevia Rebaudiana Bertoni, rápidamente empiezan a registrarlas compañías como Coca-Cola, Pepsi Cola, Monsanto, Cargill, Roche, Merisant, Sweet Green Fields (SGF), Pure Circle, entre otras, para disputar una apetecible porción de los 3,5 mil millones de dólares anuales que factura el mercado mundial de los edulcorantes artificiales o “no calóricos”, produciendo alrededor de 20 millones de toneladas. En mayo de 2007, Cargill y The Coca-Cola Company se asociaron para comercializar el producto derivado de la planta del Ka’a He’ë, denominado “Rebiana”. Sigilosamente, al poco tiempo, la compañía Coca-Cola presentó 24 pedidos de patentes en los Estados Unidos sobre el ingrediente para tener el desarrollo exclusivo del edulcorante en bebidas a través de la marca “Truvia™”. Para el gigante estadounidense de alimentos Cargill, este nuevo negocio representa la oportunidad de desplazar a algunos de sus competidores históricos en el sector agrícola, como Arche-Daniels-Midland Company (ADM), el mayor productor de jarabe de maíz, y NutraSweet, firma líder en edulcorantes y propiedad de la también multinacional Monsanto; y mantener exclusividad para comercializar el edulcorante en alimentos como yogures, cereales, helados y dulces. En esta nueva carrera de titanes, esta vez por el uso de la Stevia Rebaudiana, también se anotó la multinacional de bebidas y aperitivos PepsiCo con su versión PureVia, asociándose con Merisant, una compañía creada en el año 2000 como una unidad de negocios independiente de Monsanto dedicada a la producción de endulzantes (Equalsweet, Sucaryl, Chuker y Semblé, entre otras marcas).
Las estrategias de las multinacionales agroalimentarias y farmacéuticas no podían ser distintas. Consisten en la modificación genética de la planta para que sólo produzca azúcar apto para personas con diabetes y anular sus propiedades medicinales, poniendo en peligro la existencia de la stevia con todas sus propiedades medicinales de las cuales la proveyó debido a la contaminación transgénica. El peligro de esta práctica también implicaría a los trabajadores rurales vinculados a la misma, debido a que al tiempo que son expropiados de sus conocimientos lo son también de sus derechos económicos y sociales. Al respecto, Mario Rivarola, dirigente de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI), menciona como antecedente inmediato de apropiación de las riquezas naturales del Paraguay a la “implementación del modelo sojero de cultivo agrícola que tiene como brazo ejecutor a las multinacionales de las semillas, donde el Estado paraguayo casi no interviene para prohibir el saqueo y envenenamiento de la población, principalmente indígena”. Los “habitantes de estas tierras nos sentimos con el derecho de exigir el pago de compensaciones por el uso del Ka’a He’ë, que luego debe ser trasladado para el beneficio de las comunidades más pobres del país”, subraya Mario Rivarola.
Repetir el tipo de explotación empresarial para la stevia influiría enormemente sobre la conservación de la Stevia Rebaudiana Bertoni en su estado natural (teniendo en cuenta que la planta es originaria de una zona semi-húmeda con una precipitación media anual de 1500/1700 mm por año), debido a que posee muy poca resistencia a la sequía.
Lo concreto es que la producción agrícola paraguaya está cada vez más transnacionalizada. De las 12 multinacionales en el sector de agronegocios que operan directamente dentro de la economía paraguaya, cinco provienen de los Estados Unidos, seis de países europeos y uno de Asia (específicamente de Hong Kong). “Esto refleja el predominio a escala mundial que tienen en el agronegocio, las corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y Europa”, afirma Luis Rojas Villagra en Los actores del agronegocio en Paraguay (BaseIS marzo 2009). “Este dato es relevante al momento de analizar el impulso creciente que están tomando los Tratados de Libre Comercio (TLC) tanto por parte de los Estados Unidos como de la Unión Europea y, dentro de estos, cómo se inserta el sector agrícola y comercial”, sostiene Rojas Villagra.
Lo concreto es que la realidad del campo paraguayo se sintetiza en la expansión acelerada de la frontera agrícola controlada por la siembra transgénica, a expensas de la producción agropecuaria desarrollada por décadas por comunidades campesinas e indígenas. En este contexto están amenazadas o, lo peor, a punto de desaparecer algunos de estos rubros: caña de azúcar, yerba mate, Tung, tártago, soja orgánica, sésamo, frutas y hortalizas, algodón, maní, poroto, naranja agrio (esencia de petit grain), menta (esencia de menta), ka`a he´ë, cedrón, miel de abeja (por desmontes y degradación de hábitat), animales domésticos (tipo granja); etcétera. Muchos de estos son producidos respetando las normas ecológicas.
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